Construir al enemigo

Social & Opinión
Nov, 2019
Artículo por David Barzallo G.
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  • Fuente: cortesía Andrés León

    En la guerra, la primera víctima es la verdad

    Esquilo

     

    Manipulando la Historia, de Eric Frattini, es uno de esos libros que uno disfruta leer cuando tiene que realizar un viaje largo, o cuando espera un turno en el seguro, porque el tiempo transcurre de forma imperceptible a medida que uno se va adentrando en los entresijos de las historias que cuenta. Historias reales, llenas de astucia, trampa y mentira. Testimonios de cómo se construyeron los relatos oficiales de ciertos acontecimientos, que pocas veces tenían relación con lo que había ocurrido objetivamente. Operaciones de falsa bandera. Falsos positivos.

    El libro constituye un exhaustivo inventario de este tipo de operaciones políticas a lo largo del siglo XX y documenta con sumo detalle, no exento de polémica, hechos como el Autosabotaje del Reichstag en 1933, que habría dotado a Hitler de la legitimidad y el apoyo que requería para exterminar a los comunistas alemanes, sus enemigos políticos, y luego, sucesivamente, a los socialdemócratas, a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales y así, ad infinitum. O la muchísimo menos conocida Operación Krysha de 1999 en la que un joven Vladimir Putin —en aquel momento comandante en jefe del Servicio Federal de Seguridad, la antigua KGB— diseñaba y autorizaba la realización de atentados terroristas en pleno corazón de Moscú, que luego habrían de atribuirse a «terroristas islámicos chechenos» y cuya consecuencia concreta sería el ascenso al poder absoluto de Putin, que habría de ganarse a las masas desatando la denominada «Segunda Guerra de Chechenia», una guerra de venganza cuyos entretelones guardan una similitud escalofriante con las guerras por el petróleo iraquí de George Bush y Dick Cheney, legitimadas por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.

    Pese a que el libro habla de acontecimientos ocurridos en diversos países y bajo la bandera de distintos signos ideológicos, existen algunos elementos en común: una pulsión casi patológica por deformar la verdad o negarla, un trabajo sistemático y organizado que en algunos casos podía involucrar a miles de personas y la necesidad de construir de manera artificial un enemigo al cual atribuirle las culpas o, llegado el caso, exterminar para guardar las apariencias.

    La necesidad de construir al enemigo es, por tanto, el denominador común de los políticos y de los militares que desarrollan mentiras de estado.

    Mientras leía el último capítulo del libro, que habla sobre la persecución implacable que Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, desató sobre los millones de seguidores del clérigo musulmán Fethullah Güllen —a quien acusa sin demasiada evidencia de conspirar en su contra y de ser el responsable intelectual del intento de golpe de estado en 2016—, pensé en Ecuador y en los sucesos de este octubre; en cuánto envilece el poder y, en consecuencia, en cuánto iguala a los viles. En lo mucho que se parecían las explicaciones de los ministros Jarrín y Romo a las declaraciones de generales norteamericanos, nazis, rusos o turcos. En lo parecidos que son los regímenes políticos cuando su apoyo popular reside en una combinación de mentiras con garrote.

    La diferencia entre la realidad y la ficción —decía Mark Twain— es que la ficción tiene que ser verosímil. Por eso, las operaciones de las que habla Frattini costaron, en algunos casos, millones de dólares; participaron técnicos, ingenieros y personal altamente cualificado, y permanecieron ocultas a la opinión pública durante mucho tiempo (amén de los cabos sueltos que con frecuencia eran eliminados en circunstancias tan asombrosas que recuerdan las novelas de Robert Ludlum y el agente Jason Bourne).

    El caso ecuatoriano, sin embargo, es diferente. Un poco más patético, porque la realidad que nos quieren construir no funciona ni a nivel de relato de ciencia ficción. Resulta muy difícil creer las versiones oficiales sobre las protestas de octubre. Sencillamente no son verosímiles, sobre todo si se las enfrenta a una realidad que, para miles de personas, fue carne y no relato.

    El gobierno comete el error de tomar la parte por el todo y tratar de entender la convulsión social a través de la arista de la violencia, en lugar de tratar de entender la violencia como una consecuencia de la convulsión social, cuyos orígenes son menos evidentes y más complejos de comprender. Desde luego, no se trata de un error inadvertido, sino de una decisión política consciente cuyos efectos pueden resultar mucho peores de lo que el propio gobierno y sus ministros piensan.

    Si recapitulamos de manera breve, las protestas sociales que se desataron a raíz del anuncio del decreto 883, cuyas medidas económicas de ajuste no fueron debidamente consultadas, se sucedieron de un modo que sorprendió en su momento a prácticamente todos los actores involucrados. Mientras el gobierno (y sus comunicadores aliados) celebraban con falsos cantos de sirena el fin del paro, debido a los acuerdos logrados con el sector del transporte, el movimiento indígena se organizaba para marchar sobre las principales ciudades del país y llegar a Quito, donde tuvieron lugar enfrentamientos durísimos con la policía y el ejército. Durante esos días el gobierno danzó en la cuerda floja. Las marchas multitudinarias del 9 de octubre en varias ciudades, que se saldaron con decenas de heridos, detenidos y muertos, fueron las manifestaciones populares más intensas de los últimos 25 años, período en el cual se derrocaron varios presidentes.

    La protesta reveló, además, el racismo estructural de un segmento de la población, la virtual inexistencia del poder legislativo, la capacidad asombrosa de organización política del movimiento indígena y la continuidad de un sentimiento de desconfianza y rechazo a los partidos políticos y al gobierno, que iba más allá de las medidas únicamente y que se extendía hacia una gestión marcada por el gatopardismo, esto es, cambiarlo todo para que nada haya cambiado en realidad: la justicia no actúa de manera independiente; el país no ha alcanzado los consensos necesarios para su proyecto común; la corrupción ha sido manejada como si de un reality show se tratase y la orientación económica del gobierno ha estado supeditada de manera bastante obvia a las decisiones de las cámaras empresariales y de los bancos privados. No es un dato menor el hecho de que basta una revisión rápida del Plan de trabajo presentado por Lenin Moreno en el CNE cuando era candidato para comprender el giro político, ideológico, económico y discursivo del gobierno. Entre los millones de personas que lo votaron se encuentra el grueso poblacional que ahora lo rechaza, un detalle que Moreno parece ignorar con entusiasmo.

    Ante los hechos consumados, la respuesta política del gobierno no pudo ser mas errática: al principio intentaron atribuir las manifestaciones al Correísmo, ridiculizándolas; luego, cuando fue evidente que las calles también rechazaban el oportunismo de algunas figuras del anterior gobierno, cambiaron de estrategia: los correístas no eran ya responsables de las manifestaciones como un todo, sino de la violencia que en ellas ocurría. Cuando se confrontaba esta tesis con la realidad de que en las calles marchaban más bien pocos correístas, el discurso volvía a transformarse: «es que son utilizados, títeres manipulados». A fin de justificar este relato, empezaron a difundirse los rumores más viles: «detrás de la violencia están los venezolanos». No cualquier venezolano. Venezolanos narcochavistas financiados por Maduro y por Correa con el objetivo concreto de causar desestabilización a través de la violencia irracional. Estos titulares no provenían de la prensa sensacionalista, sino de los boletines oficiales del estado y de sus declaraciones públicas. Mientras este relato se iba construyendo, la fuerza pública arremetía con una virulencia y una saña dignas de mención aparte. Los vídeos y las fotografías que empezaron a circular desteñían por todos los costados el relato oficial, pese a lo cual ni se cambiaron las versiones de los hechos ni se exigieron las renuncias que oxigenen el gabinete.

    De hecho, el 21 de Octubre, una semana después de haberse instalado las mesas de negociación y luego de que un juez liberó por falta de pruebas a la mayoría de venezolanos a quienes la ministra Romo había acusado temerariamente de «poseer información sobre la movilización del presidente y el vicepresidente», Moreno volvía a la carga, llamando «asno» a Nicolás Maduro e insistiendo en su participación en los hechos de octubre. Llamó «bandas criminales» a los manifestantes y dijo que no dudaba, bajo ninguna circunstancia, que detrás de las protestas hubo dinero venezolano. Pocas veces en la historia un gobierno tan débil y tan poco popular se ha atrevido a tanto: culpar de la violencia que él mismo ha provocado al sector más vulnerable de cuantos habitan en su territorio, con generalizaciones vagas y con acusaciones veladas que inclusive llegaron a distribuirse masivamente vía SMS a toda la población, un hito de vileza pocas veces igualado en la historia política.

    Al calor de este relato psicodélico, al que luego se sumarían los ministros Jarrín y Romo hablando ya no de infiltrados violentos, sino abiertamente de subversión armada y terrorismo guerrillero, ha sucedido una persecución infame en contra de autoridades de elección popular como la Prefecta de Pichincha o la vicealcaldesa de Durán, a quienes se ha detenido en procesos cuya transparencia recuerdan la máxima del General Millán-Astray, colaborador y jefe de propaganda del Dictador Franco: «Detenemos primero, condenamos después e investigamos si nos queda tiempo».

    Se atribuye a David Hume la siguiente frase, que se habría de volver muy popular gracias a Carl Sagan, el gran divulgador científico: «afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias». Una saludable premisa que pone en alto el valor del escepticismo dentro del pensamiento religioso, pero que también es aplicable (acaso más) al mundo de lo político. Durante la mayor parte del siglo XX, las mentiras de estado eran cuidadosamente elaboradas a fin de que la manipulación de la opinión pública sea verdaderamente efectiva. En esas circunstancias, era la labor honesta y comprometida de los periodistas y de algunos funcionarios lo que permitía que algunas de estas mentiras salieran finalmente a la luz. Apellidos como Assange o Snowden simplemente engrosan una lista corta pero potente de personalidades que, enfrentándose a fuerzas muy superiores a sus propias posibilidades, consiguieron destapar, por unos instantes, el velo que separa la realidad de la mentira convertida en política de estado.

    En nuestro Ecuador contemporáneo y barroco, las afirmaciones extraordinarias ni siquiera requieren prueba. Basta que sean repetidas hasta la saciedad por los divulgadores de la fe en las pantallas y en los editoriales. Basta con que las culpas y las expiaciones sean repartidas a voluntad entre los enemigos políticos.

    Sin embargo, el gobierno ignora (o hace como si ignorara) que se puede engañar a unos cuantos durante un tiempo, pero nadie puede engañar a todos, todo el tiempo. Las movilizaciones de las calles también sirvieron para agitar un buen número de conciencias. Cada palabra del régimen tendrá un efecto catalizador y furibundo en los corazones de los jóvenes que salieron a protestar contra un futuro incierto. En su obsesión por construir a su enemigo fuera de casa, persisten en olvidar la calle y el páramo. La calle y el páramo, en cambio, no van a olvidar.

    Fuente: Cortesía Andrés León


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