Río Blanco: La crónica de un conflicto

Social & Opinión
Jun, 2018
Artículo por Liz Zhingri
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Fuente: Liz Zhingri

Para comprender y analizar el conflicto socioambiental que tiene lugar en la comunidad de Río Blanco, hacen falta ciertos elementos contextuales que rebasan la coyuntura actual y que no están siendo recogidos por los medios tradicionales de comunicación. Este recuento fotográfico pretende ser una herramienta para saldar este vacío y complementar la información que a lo largo de estas semanas se ha acumulado en el imaginario colectivo.

La comunidad de Río Blanco se encuentra ubicada en la parroquia de Molleturo de la provincia de Azuay, su territorio se encuentra dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas que además de ser humedal de importancia internacional, forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera del planeta, es decir, está al nivel de las Islas Galápagos o el Parque Nacional Yasuní. La extensión del Macizo, abarca no sólo partes de la provincia de Azuay, sino también de Cañar, Guayas y el Oro.

En esta zona nacen y se recargan las fuentes hídricas que abastecen de agua a la ciudad de Cuenca y de la cual dependen las economías de las 64 parroquias dentro de los límites del Macizo. Del agua que esta zona provee, dependen además la producción agrícola y la soberanía alimentaria de sus comunidades.

Es aquí en donde se desarrolla uno de los cinco proyectos emblemáticos de minería metálica que existen en Ecuador, se trata de «Río Blanco», a cargo de la empresa minera china Junefield-Ecuagoldmining South America S.A. cuya concesión se encuentra dentro del bosque protector Molleturo -Mollepongo.

La fase de explotación de la mina fue inaugurada por el ex vicepresidente Glas en una visita a la zona en agosto de 2016 y, según proyecciones oficiales, esta actividad reportaría cerca de 240 mil toneladas de mineral al año. Cabe anotar que, según datos de la propia empresa minera, por cada tonelada de tierra removida se obtendría 7.8 gramos de oro.

Sin embargo, las comunidades de Molleturo han tenido una larga tradición de resistencia a la ejecución de proyectos de minería metálica. Es así que desde hace más de veinte años sus pobladores se han manifestado a favor de la conservación y preservación de las fuentes hídricas. Argumentan que de ellas depende la continuidad de la vida, la garantía de actividades económicas como la agricultura y la ganadería, y con ello, la supervivencia familiar y comunitaria.

Así pues, la comunidad de Río Blanco ha retomado un proceso de resistencia. En agosto del año pasado cuando, a raíz de una serie de incumplimientos y vulneraciones de derechos por parte de la empresa, decidieron romper relaciones con ella y se levantaron en un paro —que en ese momento perfilaba como indefinido— en la vía principal de acceso al campamento minero.

Desde este momento, se denuncian y hacen públicas las afecciones al medioambiente que habrían impactado de manera negativa ala economía de la comunidad y a sus relaciones.

El desecamiento del humedal Cruz Loma es uno de los hechos más graves que los pobladores evidenciaron. Este humedal, que abastecía de agua a Río Blanco, fue rellenado con escombros de la construcción de las vías de acceso al campamento minero. Asimismo, la desaparición de ojos de agua que servían de abrevaderos para animales causó un impacto negativo en la economía comunitaria. Además, las vías para el campamento minero se construyeron sobre pasos de agua, lo que ocasionó el desabastecimiento del líquido vital para varias familias.

Por otro lado, los contratos que se habían firmado con la empresa daban cuenta de la poca garantía de derechos laborales: no se cuenta con un salario adecuado para la jornada laboral o un salario es dividido para varias personas debido a la naturaleza rotativa del puesto de trabajo. Todo ello molestó a las(os) trabajadores de la comunidad y que suscitaron el paro.

Después del 10 de agosto en que la comunidad se levantó en una medida de hecho, las respuestas de instituciones estatales fueron varias. Así, el 24 de agosto, la comunidad de San Pedro de Yumate, vecina de Río Blanco, amaneció militarizada a consecuencia del paro. Solo dos días después y, a pesar que la presencia de efectivos policiales en la zona fue justificada por la Gobernación del Azuay como una medida para «garantizar la seguridad para los ciudadanos», la gente que permanecía en la medida de hecho fue atacada por personal de la empresa minera mientras acampaban en el lugar que, para ese entonces, se había convertido en su punto de encuentro.

Desde ese momento, la violencia fue en escalada. El 10 de octubre se dan nuevos enfrentamientos. Esta vez, entre los comuneros/as y el personal de seguridad privada de la empresa. Dichos elementos de seguridad recorren la comunidad armados con machetes y  profiriendo improperios y amenazas contra la gente en resistencia.

Inclusive uno de ellos defeca y orina sobre una toma de agua al tiempo que anuncia convertir a Río Blanco en una letrina de seguir sus habitantes con sus acciones de protesta no violenta. Por la noche, el acoso continuó hasta la llegada de la policía que detuvo de manera arbitraria e ilegal de un menor de edad con discapacidad auditiva y mental perteneciente a la comunidad; a él se lo judicializó bajo la figura de ataque y resistencia.

Es así que, si bien se intentaron diálogos con las diversas autoridades, ninguna logró recoger las demandas ciudadanas que desde entonces ya se juntaban con una sola petición: la salida de la empresa minera de su territorio.

Ha pasado cerca de un año y una nueva medida de hecho se suscita a raíz de que la empresa minera está exportando material a China. Desde el 11 de mayo hasta el 1 de abril, salieron 330 toneladas de material para ese país. No obstante, las condiciones son diferentes para el proceso social de resistencia,pues no es sólo una comunidad molleturense la que reclama. A ella se han sumado las poblaciones de distintos sectores con la finalidad de proteger las fuentes hídricas.

«Ya estalló la bomba en Río Blanco, esa bomba la dejó poniendo Jorge Glas el día que inauguró la mina», con estas palabras se abrió una rueda de prensa el 10 de mayo de este año en la que se daba cuenta del incendio ocurrido en el campamento minero. Acción de la cual las autoridades pretenden responsabilizar a las comunidades en resistencia.

La noche del 8 de mayo, al igual que en aquel agosto de 2017, las comunidades se encontraban en una nueva medida de hecho que consistía en la toma y cierre de vías cercanas al campamento. Su exigencia era la misma: la salida de la empresa minera china. En este momento estalló el incendio que dejó como saldo la destrucción del cuarto de enfermería, dos dormitorios y un tractor.

Después de ello, las fuerzas armadas reciben la orden de ir a la comunidad con la finalidad de controlar a la población. ¿Qué sucedió? Según la versión del gobernador del Azuay, los comuneros incendiaron el campamento con bombas molotov. Esta aseveración justificaría el hecho de que él haya desoído las sugerencias protocolarias para gestionar el conflicto que desde la Defensoría del Pueblo se le habían hecho llegar: primero agotar las instancias de diálogo y mediación con las comunidades.

Pese a este exhorto, los mecanismos de represión se hicieron presente: se dieron las primeras detenciones. Aunque la Defensoría del Pueblo asume la defensa de los cuatro acusados, a tres de ellos se les imputa el delito de sabotaje y a uno se pretende vincularlo a la figura penal de ataque y resistencia.

Los tres primeros rechazaron esta defensa y se acogieron a un abogado privado. Ellos, que hasta antes de su detención,eran trabajadores de la empresa minera, hoy esperan su veredicto en la cárcel de Turi; mientras que el último imputado se encuentra en libertad.

El 17 de mayo, una semana después, suceden nuevas detenciones. Esta vez son tres comuneros apresados arbitrariamente mientras transitaban por una vía pública.La razón:en su automóvil transportaban gasolina y el camino que recorrían era el de Migüir—que da acceso al campamento minero «Río Blanco»—.

Sin embargo, esta es una acción cotidiana para quienes habitan en este lugar pues por la distancia a un punto de abasto larga y contar con un depósito de gasolina es necesario en caso de que a las maquinarias de trabajo o sus medios de transporte necesiten combustible.

La presencia de los militares y de la Unidad de mantenimiento del orden de la policía, hacen que la conflictividad arrecie dentro de Molleturo. Sus habitantes, en especial quienes sostienen los procesos sociales de resistencia, son el primer blanco de ataques por parte de estos efectivos que no cumplen con su papel de disuasión del conflicto sino, como en el caso de Luz María B., actúan como detonantes para que se den episodios de violencia que involucran a más personas dentro de los juicios penales abiertos hasta el momento.

Hasta ahora, los caso de detención y judicialización, no han respetado el proceso para las personas involucradas. A María Luz B., cuya detención significó que se le abriera un proceso penal por el delito de ataque y resistencia que según el Art. 283 del COIP tiene una pena de entre seis meses y dos años de privación de libertad.

Se le negaron sus derechos básicos como el de comunicarse con un familiar o persona conocida para dar a conocer su situación, la asistencia de un abogado/a y la lectura de su derecho a guardar silencio. Cabe recalcar que esta figura penal se aplicó para muchos otros casos abiertos contra defensores/as de la naturaleza en el país.

¿Y los grupos externos?

En octubre del año pasado, el mismo Xavier Enderica aludía a «la presencia de infiltrados que vienen a provocar». Hoy, se habla de «grupos externos» en casual alineación con el  discurso de la empresa minera quienes señalan a las organizaciones sociales que defienden el agua como las principales culpables por las medidas tomadas por las comunidades.

Sin embargo, dentro de los procesos de resistencia, las medidas de hecho son solo una de las acciones que toman las comunidades para hacerse oír. Durante todo este tiempo ellas se han venido organizando en asambleas comunitarias públicas en el centro de Molleturo, celebrando encuentros también en la misma comunidad de Río Blanco, llevando a cabo procesos de exigibilidad con las autoridades parroquiales, cantonales, municipales y provinciales, participando dentro de procesos de diálogos abiertos con el gobierno, sin que esto haya significado su debilitamiento.

Por todo esto, los defensores/as del agua tienen reivindicaciones legítimas que nacen del descontento de las comunidades con el Estado y la empresa minera, y de un proceso social construido a base de consensos con el acompañamiento de las organizaciones sociales.Las comunidades han rememorado sus procesos históricos de resistencia a través de los que consiguieron varios logros que contribuyeron a construir una parroquia con más dignidad para su gente. Hoy, retoman la bandera de la dignidad y de la soberanía de sus territorios para seguir tejiendo su proceso.

Fuente: Liz Zhingri


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