Monte Sinaí, en tierra de nadie

Social & Opinión
Dic, 2016
Artículo por Joan Arjona
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Fuente: www.planv.com.ec / Plan V
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Era un mañana de principios de mayo, no recuerdo exactamente la fecha. Fue en 2013 y, pocas semanas atrás, había aterrizado por primera vez en Ecuador para trabajar como voluntario en los barrios del noroeste de Guayaquil. Como todos los días, el sol ya calentaba con fuerza cuando salimos de casa dispuestos a cruzar corriendo la Perimetral pero, al llegar al otro lado, agitados por la carrera y por esa sensación de haber vencido a la muerte una vez más, algo se sentía distinto. El bullicio habitual de la avenida Prosperina estaba apagado, la gente comentaba en grupos algo que parecía importante y no circulaban tantos buses como de costumbre. Mientras esperábamos en la parada, escuchamos que alguien hablaba de La Thalía, uno de los barrios en que se habían recibido notificaciones de desalojo días antes.

Ese mañana no nos bajamos del bus frente a la tiendita de siempre. La avenida estaba tomada por la policía y no se podía avanzar más allá del canal de Cedegé, ese que lleva el agua hacia la península de Santa Elena y que marca el límite urbano. Más allá está la tierra de nadie, 444 hectáreas y decenas de miles de personas viviendo en medio de conflictos de competencias entre administraciones e intereses de todo tipo, unos más nobles, otros más mundanos. Leyes y decretos que nadie acaba de entender, porque, como decía Bourdieu, el lenguaje legítimo está hecho, entre otras cosas, para impedir hablar con franqueza.

Caminamos por la avenida hasta que ya no nos dejaron seguir y, una vez allí, nos subimos a una loma para ver qué estaba pasando. Son esas imágenes que se te meten en la retina para no salir ya nunca más. Los vecinos habían levantado pequeñas barricadas de llantas, que ardían llenando el aire de humo negro. El barrio estaba sitiado, 1.400 policías y militares participaron en el operativo según dijo la prensa, mientras los dueños de las casas trataban de salvar ollas y colchones entre las excavadoras. Nadie les avisó y nadie les pidió disculpas: algo habrían hecho y, además, sabían que no podían estar allí. Ese día hubo indignación, desesperación y muchas lágrimas. Se perdieron camas, sartenes y sueños de una vida mejor. Muchos lo perdieron absolutamente todo.

Pero esta no es una historia de buenos y malos, y aunque siempre estaré de lado de los que fueron mis vecinos, las cosas son bastante más complejas. Desde la segunda mitad del siglo XX la historia de Guayaquil ha estado marcada por la apropiación ilegal de tierras por parte de las clases populares, que no podían acceder al mercado inmobiliario formal. Las crisis del campo primero, y las falsas promesas urbanas después, han empujado a la mayoría de sus habitantes a rellenar esteros, arrancar árboles y mover rocas. Son los guayaquileños los que han hecho su propia ciudad a golpe de invasión y muchos sacrificios. Pero la falta de planificación también ha causado grandes problemas al Puerto Principal, a los que es necesario poner remedio.

La enorme superficie de la ciudad encarece la prestación de servicios básicos y complica la movilidad de los habitantes para acceder a lugares de ocio o trabajo. Un número importante de personas viven en quebradas, cauces de agua y otras zonas de riesgo, además de haberse generado inmensos problemas ambientales que repercuten sobre la salud de los ciudadanos. Acabar con las invasiones es, por una simple cuestión de justicia, uno de los grandes retos que tenemos como país. Conscientes de ello, tanto la administración socialcristiana desde el Municipio, como el Gobierno a través del MIDUVI y la SENPLADES, se pusieron manos a la obra. Los primeros, mediante un programa masivo de regularización de zonas consolidadas, planes de lotes y viviendas, y grandes obras públicas, que han sido incapaces siquiera de mitigar el fenómeno. Los segundos, por medio de la construcción de proyectos habitacionales y de una extensa política de subsidios públicos, que pretendían incorporar al mercado inmobiliario a nuevos segmentos de la población. Por el momento, también en vano.

Viendo la fuerte inversión de la última década en políticas de vivienda, nos podríamos preguntar por qué se siguen produciendo escenas tan dolorosas como la de los desalojos de la Thalía Toral, o por qué los vecinos de los asentamientos informales plantean tantas resistencias a la hora de trasladarse a nuevos planes habitacionales que, en principio, cuentan con condiciones de vida mucho mejores que las que tienen ahora. En Monte Sinaí, al otro lado del canal de Cedegé y del límite urbano, los moradores siguen en su lucha por la legalización, mientras la espada de Damocles de los desalojos pende sobre sus cabezas. Después de tantos años de incertidumbre la pregunta ya no debe de ser por qué no se van, sino más bien qué ha fracasado en la política pública. Cualquier otro cuestionamiento sólo nos servirá para culpabilizar a las víctimas y nos alejará un poco más de encontrar soluciones que sean satisfactorias para la mayoría de los habitantes de la zona.

Las causas de este fracaso son muchas, algunas de ellas estructurales, como la debilidad de una economía urbana que no puede absorber tanta mano de obra, condenado a la informalidad a importantes sectores de la población. Muchos de los residentes de Monte Sinaí, simplemente no se pueden permitir vivir en otro lugar a pesar de los subsidios y el control de precios.

Para acceder a los planes habitacionales donde se pretende reubicar a la población es necesario tener cierta capacidad de ahorro y una fuente de ingresos más o menos estable, algo que para muchas familias de la zona es un sueño difícil de alcanzar. Pero, como ya se ha dicho, las causas del problema son variadas y, en su mayoría, tiene origen en la falta de participación que afecta al diseño de las estrategias de la administración. Una cosa es hacer planos, calcular costos y mensualidades, otra muy diferente resolver un problema social con tantas variables que se entrecruzan. Recuerdo que durante el año que viví en la Perimetral noroeste, muchas personas mostraban su disgusto sobre las casas que les ofrecía el Estado. Los empleos informales no siempre dan para vivir y es muy habitual que, en estos barrios, la casa se convierta en un negocio improvisado para cubrir necesidades básicas. También hay que considerar que la vivienda informal, a pesar de sus carencias, se adapta perfectamente a la realidad de unas familias que asumen su construcción de forma gradual. La casa va creciendo con los vaivenes de la vida: crece en los buenos momentos, cuando se puede gastar, y permite que más de una generación se acomode en ella si es necesario. Cambiarse de lugar no es solo renunciar a años de esfuerzos y de pagos a traficantes de tierra sin escrúpulos, es perder la posibilidad de tener una tienda que salve los malos tiempos, o renunciar a que tus hijos puedan tener un lugar para vivir si lo necesitan.

Otra cuestión es que no estamos hablando simplemente de casas, y este es un error muy común que ha causado sonoros fracasos en las políticas de vivienda de medio mundo. Nos contaba Lefebvre, allá por los sesenta, que el derecho a la ciudad es mucho más que tener luz o agua, es participar en la construcción de los espacios públicos, también acceder la cultura y a las redes de amistad y apoyo mutuo entre vecinos, es tener un trabajo decente o un lugar agradable donde pasar el tiempo libre. Monte Sinaí no tiene parques con columpios ni alcantarillado, pero se han creado redes de solidaridad que son básicas para sobrevivir a un futuro siempre incierto. La destrucción de estas redes y el desplazamiento de personas muy vulnerables a áreas periféricas, donde se las concentra en espacios que perciben con hostilidad y dificultan sus estrategias de vida, suele acabar creando guetos urbanos que impactan negativamente, no solo en sus habitantes, sino en toda la ciudad.

Pienso que tras años de un conflicto, que han generado mucho sufrimiento e incertidumbre, ha llegado el momento de que las administraciones, tanto la municipal como la estatal, asuman con humildad los límites de sus políticas y den una salida consensuada al problema de Monte Sinaí. No se trata de buscar culpables, ni de negar los aciertos, que también los ha habido, se trata de mujeres, hombres y niños que necesitan una respuesta para empezar a vivir en paz. Ustedes que pueden, legalicen Monte Sinaí, inviertan en su futuro y, sobre todo, déjenlos participar en este proceso


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