Mi Cultura, mi Derecho

Social & Opinión
Ago, 2019
Artículo por Teddy Tello Tapìa
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  • Fuente: Casa de la Cultura Núcleo del Azuay

    Estamos en pie de lucha. Artistas, gestores y ciudadanos defendemos nuestros derechos culturales que han sido históricamente vulnerados. Desde nuestras posturas individuales y como parte de un cuerpo social, entendemos a la equidad como una condición de la justicia. Compartir y acceder a los recursos de forma equitativa permite el desarrollo de las personas. Sin embargo, debido a intereses políticos, la inversión en cultura se ha centralizado impidiendo a los azuayos sostener y ampliar nuestro patrimonio cultural. Nos enfrentamos entonces a un problema de concentración de poder producto de una concepción elitista y excluyente que defiende una política cultural arcaica e inaplicable.

     

    La Ley de Cultura vigente menciona que la Casa de la Cultura «es el espacio de encuentro común, de convivencia y de ejercicio de los derechos culturales, en el que se expresa la diversidad cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad». El artículo 167 de la misma Ley establece que para que los núcleos provinciales cumplan con su finalidad, la distribución de recursos se hará teniendo en cuenta: la importancia demográfica de la provincia, la infraestructura, la eficiencia administrativa y la calidad de la gestión. Pero en la realidad el 51,4% de recursos se queda en la capital, es decir, no se cumple la Ley. Por este motivo levantamos nuestra voz para exigir lo que nos corresponde por derecho, lo que nos merecemos.

     

    Los recursos económicos son importantes porque sostienen la infraestructura pública que es dinamizadora de la cultura y un punto de encuentro, intercambio y creación. El arte y otras manifestaciones de la cultura se encuentran profundamente conectadas con el entramado social, se vincula con nuestra identidad y con la posibilidad de ser libres a través de la reflexión y la participación crítica en nuestra realidad. Además fomenta el desarrollo económico del territorio a través del turismo, que se alimenta de nuestros museos, tradiciones, expresiones culturales y la diversidad de cada rincón azuayo. Por eso estamos convencidos de que nuestra exigencia es necesaria y legítima.

     

    La lucha inició hace varios meses con la incógnita de dónde está el dinero de los azuayos y se formalizó con la creación de la Comisión de Defensa de la Cultura del Azuay, por resolución de la Asamblea Provincial de la CCE Azuay que decidió iniciar de manera inmediata las acciones necesarias para comunicar esta injusticia y recuperar lo que nos ha sido arrebatado por la negligencia y la falta de interés de las autoridades nacionales. En este sentido, el anterior Ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, expresó abiertamente, el pasado 26 de junio, que ha incumplido la ley y sus reglamentos porque no está de acuerdo con ellos; una posición impropia de quien ocupa este cargo hecha para velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Este caso se repite con el Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo quien el pasado 01 de junio cuando en la entrevista de Radio Pichincha Universal manifestó su rechazo a que los miembros del RUAC (Registro Único de Artistas y gestores Culturales) puedan tener participación en la institución, a pesar de que el Art. 159 de la Ley Orgánica de Cultura establece con claridad que la Asamblea se conforma de estos actores y los miembros de la CCE.

     

    Esto refleja que nuestra comprensión de la justicia no es clara y está en manos de dirigentes que manejan los recursos de nuestra cultura como si fueran suyos, tal como si fueran reyes de la Edad Media, por lo que nos levantamos y seguiremos levantándonos en contra de autoridades excluyentes, que buscan separar al sector cultural. Los azuayos nos hemos agrupado en un solo frente compuesto por una red ciudadana de actores, gestores culturales, a la que se han sumado paulatinamente: las Cámaras de Comercio, de Turismo, de Industrias, de la Pequeña Industria, la Universidad de Cuenca, la Católica, la Politécnica Salesiana, la Alcaldía de Cuenca, laPrefectura del Azuay, además de importantes medios de comunicación.

     

    La creciente red ha tomado acciones dirigidas a judicializar esta situación y exigir el respeto de lo que nos corresponde como ciudadanos. Iniciamos con un manifiesto que expone nuestra posición y exigencias. Partiendo de este documento entablamos una Acción Constitucional de Protección, que fue entregada en el Complejo Judicial el pasado 17 de junio. En este primer intento, tuvimos un inconveniente, cuando el Juez Bayardo Albán Ortega hizo un análisis distinto al nuestro y denegó la petición legal; ante esta negativa presentamos inmediatamente nuestro recurso de apelación, que ha llegado a la Corte Provincial del Azuay, donde se ha programado la respectiva audiencia el próximo 21 de agosto, fecha en la que volveremos a exponer nuestros motivos y defenderemos nuestros derechos culturales.

     

    Nuestra lucha por la reivindicación también llegó a varias provincias y así los medios de comunicación de Quito y Guayaquil pusieron atención en nosotros dando a conocer nuestras necesidades y la negligencia de las autoridades. Corrimos la voz por todos los flancos incluso llegamos hasta la Asamblea Nacional, gracias a la intervención de la asambleísta Lourdes Cuesta quien expresó, con apoyo de la mayoría de sus compañeros, su preocupación por la centralización de recursos para cultura. Las respuestas obtenidas por las partes involucradas (Ministerio de Finanzas, Ministerio de Cultura, Sede Nacional de la CCE) han sido ambiguas debido a que ninguna de ellas se responsabiliza por sus acciones u omisiones.

     

    En el caso del Ministerio de Finanzas, su representante dijo que ellos habían entregado los fondos de manera directa al Ministerio de Cultura, intentando deslindarse de responsabilidades, aun cuando su obligación es entregar el dinero correspondiente a los núcleos, apegándose a la ley, cosa que no sucedió. De ello se desprendieron los enunciados del anterior Ministro de Cultura y el actual Presidente de la Sede Nacional, quienes abiertamente desconocen la Ley, dentro de una lógica centralista e ilegítima. Finalmente, el Sr. Restrepo, argumentó que los Directores Provinciales de los diferentes núcleos de la CCE, resolvieron en Junta Plenaria no acatar el Estatuto, pues tanto la Sede Central como los Núcleos no están de acuerdo con lo establecido. Cabe recalcar que la aplicación de la Ley no es discrecional y que a pesar de que el Azuay estuvo en contra de esa resolución, las actas señalan que esta decisión fue unánime.

     

    En conclusión el sector cultural de nuestro país ha sido tratado como la mejor de las haciendas privadas, manejada de manera antojadiza al mejor parecer de estas autoridades, sin acatar las normas, sin respetar reglamentos. Esto debe acabar, estamos luchando por nuestros derechos y que no estén sometidos al criterio egoísta de ciertas personas. Que se obedezcan las leyes, que se nos den los recursos necesarios para mantener los espacios y fomentar la cultura en todos los territorios de nuestro país. Hacemos un llamado a la unidad, a sumarnos por los ideales que se construyen para el bienestar común desde la cultura como un derecho.


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